PROLOGO

Jueves 3 de julio del 2003.

La Agenda de las Mujeres por la Paz constituye, sin lugar a dudas, un documento esencial en la senda de emancipación por la que transitan las mujeres de Colombia. Aunque los pasos fundamentales han sido dados y las estrategias de cambio establecidas, el camino hacia ese mundo imaginado en el cual las mujeres tengan igual poder que los hombres y su voz resuene tanto como la de éstos en los ámbitos públicos y privados es aún largo y azaroso. Ciertamente, la opresión y la subordinación, así como los discursos hegemónicos que las producen y las sustentan, no cambian de la noche a la mañana. Su desmantelamiento y erradicación es un proceso que implica la construcción de un discurso contra-hegemónico que se oponga a las estructuras patriarcales y sexistas que oprimen a las colombianas. Esto constituye un reto de la mayor monta, en la medida en que ese discurso no sólo deberá convencer a los opresores sino, también, a las miles de mujeres y de hombres que creen que la subordinación femenina es una situación justa y natural que no debería ser subvertida porque ello atentaría contra la naturaleza de las cosas.

Las vías para la construcción de ese discurso emancipador son múltiples. Tras la expedición de la Constitución de 1991 y, en especial, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los grupos subordinados en Colombia accedieron a instrumentos de lucha jurídica que no sólo tienen el potencial de incidir de manera radical en las condiciones materiales y dignatarias de la opresión sino que tienen una significación simbólica trascendental, en cuanto implican la imagen inmensamente subversiva y transformadora de minorías históricamente discriminadas que se reimaginan a sí mismas como titulares de derechos y de los beneficios que la ciudadanía plena implica. Aunque el discurso de los derechos fundamentales ciertamente ha propiciado cambios y mejoras sustanciales en la situación de las mujeres colombianas, es necesario tener en cuenta que la lucha por la emancipación no debe ni puede agotarse en la puerta de entrada de los juzgados y tribunales. Si bien los derechos tienden a ser instrumentos poderosos para confrontar y erradicar las formas más explícitas y egregias de discriminación, en ocasiones tienen mayores dificultades para hacer frente a manifestaciones más sutiles, menos visibles y más ubicuas de las estructuras de subordinación que, desafortunadamente, son las que suelen presentarse con más frecuencia en las sociedades contemporáneas. Incluso hay quienes han señalado la tendencia del discurso de los derechos a despolitizar las luchas sociales, a reificar las identidades y a legitimar las estructuras sociales opresivas.

Aunque el potencial emancipador de los derechos en un país como Colombia es incuestionable -toda vez que, como lo dijera Patricia Williams, una de las feministas de color más importantes de los Estados Unidos, la crítica a los derechos es un ejercicio que sólo puede emprenderse y tiene sentido desde la posición del hombre blanco, formalmente educado, de clase media o alta, heterosexual, física y mentalmente capaz, judeo-cristiano y anglo-occidental que tiene la posesión de todos los beneficios de la ciudadanía plena-, las dualidades y paradojas de ese discurso deben ser tenidas en cuenta y llaman a los grupos oprimidos a que ejerzan de manera decidida su imaginación mediante la creación de estrategias jurídicas que permitan que los derechos fundamentales desplieguen siempre al máximo su energía liberadora.

Por esto mismo, las estrategias de movilización popular y la construcción colectiva de imaginarios emancipadores y de cauces de acción mancomunada serán siempre el complemento necesario e insustituible de las luchas que los grupos subordinados emprendan por vía del derecho. Este tipo de estrategias no sólo constituyen una forma de dar permanencia y universalidad a las conquistas en materia de derechos y protecciones jurídicas sino, sobre todo, la manera de reconstruir el tejido social fracturado por las violencias que afectan a Colombia. El fortalecimiento de la sociedad civil que ello implica es el modo más efectivo de contrarrestar y de oponerse a la violencia y, por tanto, de construir un país viable e inclusivo. Por este motivo, la Defensoría del Pueblo apoyó desde sus inicios la Constituyente Emancipatoria de Mujeres y, hoy, se une con regocijo y apoya con entusiasmo la Agenda de las Mujeres por la Paz que surgió de ese ejercicio valeroso de civilidad. Las mujeres colombianas entregan al país un documento que muestra cómo los reclamos sociales pueden ser presentados y luchados por cauces pacíficos y democráticos y, por encima de todo, se erige en un clamor que se opone a las vías de hecho por medio de las cuales los actores violentos al margen de la ley pretenden acallar los valores de libertad, igualdad y solidaridad que deberían presidir toda reivindicación y lucha social en nuestro país.

Eduardo Cifuentes Muñoz
Defensor del Pueblo