II. RESPECTO A LA EXCLUSIÓN ECONÓMICA.

Política tributaria orientada a la redistribución del ingreso con equidad de género, lo cual supone utilizar los recaudos priorizando las mujeres, considerando su diversidad y las condiciones particulares de cada sector. Lo cual requiere del Estado:

Aumento del gravamen a los grandes patrimonios nacionales e internacionales, fiscalización de los balances económicos de las empresas, con la obligatoriedad de rendición pública de cuentas y ofrecimiento de descuentos en los impuestos a las empresas que generen empleo de calidad para las mujeres.

Reorientación del impuesto destinado hoy para la guerra hacia la inversión social, la población desplazada (especialmente mujeres, niñas y niños) y demás víctimas de la violencia social y el conflicto armado.

Establecimiento de un mayor impuesto a la rentabilidad del sector financiero, dirigido a garantizar créditos a las mujeres, especialmente a las campesinas, indígenas, afrocolombianas, raizales, rom (gitanas), cabezas de familia, madres comunitarias, microempresarias, trabajadoras informales y mujeres del sector de la economía solidaria.

Desmonte del impuesto al valor agregado (IVA) a todos los productos y servicios de la canasta familiar (incluyendo anticonceptivos y productos sanitarios para mujeres, niños y niñas) y control de las tarifas de los servicios públicos, las cuales deben regirse por un nuevo sistema de estratificación que considere las condiciones económicas de cada familia.

Políticas para la defensa de los intereses estratégicos Colombianos frente a las transnacionales y multinacionales, para que el manejo democrático de sus recursos conlleve a un cambio del modelo neoliberal por otro que garantice Equidad Social y de Género; que regule la globalización de manera que el Estado cumpla su función social según la constitución política de 1991.

Conquistas hacia un nuevo modelo de desarrollo con Equidad Social y de Género:

Renegociación de la deuda externa con los organismos internacionales (BM, FMI, BID) y la banca privada.

Renegociación de la deuda interna con el sector financiero, que beneficie de manera específica a las mujeres.

Exigencia al gobierno del pago de la deuda social con las mujeres.

Revisión de las operaciones y rendición de cuentas de estos organismos ante los representantes de la Sociedad Civil colombiana y en ella a las organizaciones de mujeres.

Rendición de cuentas de los directores del Banco de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Ministro de Hacienda a los representantes de la Sociedad Civil, específicamente al Movimiento Social de Mujeres.

Definición de unas estrategias metodológicas para que en las cuentas nacionales y en la medición del producto interno bruto (PIB), se contabilice y valore la riqueza que aporta el trabajo reproductivo de las mujeres: doméstico y comunitario.

Participación de las mujeres en la estrategia de asistencia a cada país (CAS) con énfasis en las políticas de género.

Desarrollo de una política de empleo digno y de ingresos con equidad de género para las mujeres trabajadoras.

Erradicar las ilícitas políticas neoliberales (ALCA, Plan Colombia, mega-proyectos y maquilas)